¿CÓMO RECORTAR LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN AL 50% CON LA NUEVA LEGAM?
La reciente Ley 2/2026 (LEGAM) no es solo una norma técnica; aunque su entrada en vigor oficial es el próximo 20 de junio (tras cumplirse los tres meses desde su publicación en el BOJA), su impacto ya se siente, y representa una ventana de oportunidad estratégica para la planificación de proyectos, un claro ejemplo es la aplicación de su artículo 55 para reducir a la mitad los plazos de tramitación ambiental siempre que se justifique el “interés público” de la actuación.
Se configura como un precepto fundamental para desbloquear el desarrollo de suelo y corregir, entre otros, el déficit de oferta residencial que incluyan un alto porcentaje de Vivienda de Protección Oficial (VPO), actuaciones de regeneración urbana y desarrollos necesarios para corregir déficits dotacionales urgentes del municipio.
La clave operativa del Artículo 55 reside en su capacidad como mecanismo de desbloqueo ya que faculta al órgano instructor de la autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada para aplicar la tramitación de urgencia de forma motivada, basada en razones de interés general, lo que se traduce en un impacto directo sobre el cronograma de los proyectos al permitir una reducción de plazos a la mitad, permitiendo una aceleración crítica en expedientes ambientales que históricamente han actuado como el principal «cuello de botella» del desarrollo urbanístico.
Muchos de estos proyectos también pueden ser declarados de interés estratégico para Andalucía, lo que les permite ser gestionados por la Unidad Aceleradora de Proyectos. Esto no solo reduce los plazos a la mitad, por la via der Art. 55, sino que les da prioridad absoluta sobre otros expedientes.
El tiempo es el coste más alto en cualquier desarrollo, por ello la entrada en vigor del Art. 55 de la LEGAM supone una oportunidad histórica para desbloquear el suelo finalista en Andalucía, permitiendo que la oferta residencial llegue al mercado cuando más se necesita, optimizando a su vez los costes de financiación.
Maria José Puche
Abogada urbanista