Nulidad parcial de la Ley 8/2013

El pasado  17 de enero de 2018, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 15) la Sentencia de 14 de diciembre de 2017 (Sentencia nº 143/2017) del Pleno del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso interpuesto por la Generalitat de Catalunya en relación a diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Así el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y la nulidad de los siguientes preceptos:

  1. Los apartados 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 4, el artículo 6, la DT 1ª y la DF 18ª de la Ley 8/2013.
  2. El artículo 9.2; el segundo párrafo del artículo 10.1; artículo 10.2; el inciso «o sujetos a cualquier otro régimen de protección» del artículo 10.5; letras a), b), c), d) y e) del artículo 11; el inciso «y su sujeción a los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración actuante» del artículo 12.1 a); artículo 12.1 c); artículo 13.1; el inciso «Asimismo, la liberación de la expropiación no tendrá carácter excepcional, y podrá ser acordada discrecionalmente por la Administración actuante, cuando se aporten garantías suficientes, por parte del propietario liberado, en relación con el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan» del artículo 13.2 a); artículo 13.3, salvo el inciso «Asimismo podrán suscribirse convenios de colaboración entre las Administraciones Públicas y las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, que tengan como objeto, entre otros, conceder la ejecución a un Consorcio previamente creado, o a una sociedad de capital mixto de duración limitada, o por tiempo indefinido, en la que las Administraciones Públicas ostentarán la participación mayoritaria y ejercerán, en todo caso, el control efectivo, o la posición decisiva en su funcionamiento» y el inciso «o, en su defecto, por el artículo siguiente» del artículo 15.1 de la Ley 8/2013.
  3. El artículo 9.8 a) salvo el inciso «Movimientos de tierras, explanaciones» y el inciso «y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de protección del dominio público» del artículo 9.8 d) del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en la redacción que le da la disposición final duodécima, apartado quinto de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Esta declaración se extiende a los preceptos concordantes del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en cuanto reproducen el contenido de los preceptos de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Por el contrario, declara conformes a la Constitución el inciso «construcción e implantación de instalaciones» del artículo 9.8 b) y el artículo 9.8 c) del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en la redacción que le da la DF 12ª, apartado 5º de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, siempre que se interpreten tal y como se ha indicado en el fundamento jurídico 23 de la Sentencia.

Existe un voto particular que formula el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho al que se adhiere el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.

Pueden consultar el texto completo de la citada sentencia en el siguiente enlace a su publicación en el BOE.

Avance del POT de la Costa del Sol

La Junta de Andalucía está elaborando un nuevo POT de la Costa del Sol Occidental que pretende sustituir y actualizar el aprobado en 2006 resultó declarado nulo por Sentencia el Tribunal Supremo, y que sentará las bases para el desarrollo urbanístico y territorial de la zona, que tendrá como ámbito los municipios de Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas y Ojén.

Con el nuevo documento no solo se pretende subsanar las cuestiones formales que motivaron la decisión judicial, sino que además se actualizará y se adaptará a los cambios en el contexto socio-económico producidos en los últimos años.

Enlazamos al documento PDF completo relativo al avance del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol.

Urbanismo en Sede Electrónica del Ayuntamiento de Málaga

En cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha su nueva sede electrónica. A través de ella podrán presentarse solicitudes, realizar consultas informativas y recibir notificaciones de manera telemática.

Entre los trámites que se pueden realizar hay varios relativos a la competencia de la Gerencia de Urbanismo de dicho Ayuntamiento. Los pasos necesarios para acceder a la sede electrónica son los siguientes:

Las notificaciones serán remitidas a un buzón electrónico ubicado en la plataforma, que estará relacionado con el CIF o DNI del titular o representante legal, quien recibirá previamente un aviso en su dirección de correo electrónico proporcionada.

El plazo de acceso a las notificaciones electrónicas será de 10 días naturales, transcurrido el mismo se considerará rechazada y notificado el acto. Será necesario asimismo, mantener actualizada la dirección de correo electrónico, en caso contrario la notificación será considerada válida, produciendo todos sus efectos. Como colofón os enlazamos a la Guía para la presentación de solicitudes para que aprovechéis adecuadamente este recurso telemático que ya tiene disponible la ciudadanía de Málaga.

Esperamos que tanto esta información como el servicio os resulten útiles.

Anteproyecto de la nueva Ley Urbanística de Andalucía

El pasado 29 de diciembre de 2017 la Junta de Andalucía sometió a información pública el Anteproyecto de Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía mediante Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se somete a los trámites de audiencia e información pública el anteproyecto de Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía.

El nuevo texto legal, que puedes ver clicando aquí, persigue como objetivos primordiales:

  1. Simplificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y de su proceso de tramitación y aprobación, así como de las distintas actuaciones que puedan emprenderse en su desarrollo y ejecución.
  2. Agilización del proceso de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y de la implantación de actividades económicas.
  3. Sostenibilidad territorial, ambiental, social y económica en todo el proceso de planificación urbanística.

Los mismos se han visto respaldados tras la reciente modificación de la LOUA, efectuada por la Ley 6/2016, de 1 de agosto (BOJA n.º 150, de 5 de agosto). Esta Ley 6/2016, en su trámite parlamentario, ha incluido dos disposiciones finales relativas a la simplificación y unificación de la normativa urbanística y al desarrollo reglamentario de la LOUA.

Si bien, los objetivos inicialmente planteados requieren de una revisión de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Sobre la adaptación parcial a la LOUA del PGOU de Marbella

El pasado 28 de abril de 2017 fue adoptado acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento de Marbella, que somete a información pública por plazo de dos meses el documento de Adaptación Parcial del Plan General de Marbella a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, habiendo sido publicados los siguientes Edictos:

1º.- En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 18 de septiembre de 2017 (BOP nº 178).

2º.- En el Diario La Opinión de Málaga con fecha 27 de septiembre de 2017.

En consecuencia, el plazo a tener en cuenta para la presentación de alegaciones según la última publicación finaliza el próximo lunes 27 de noviembre de 2017.

Nulidad para la protección del Corredor Litoral de Andalucía

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado nulo de pleno derecho, en virtud de Sentencia de 7 de septiembre de 2017 dictada a instancias de una demanda del Ayuntamiento de Barbate, el Decreto 141/2015, de 26 de mayo, por el que se aprobó el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.

La declaración de nulidad se debe, entre otros argumentos, a la falta de competencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones, para la aprobación de un instrumento de planificación territorial.

En otro orden, la sentencia hace referencia a la existencia en el expediente de un informe de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático en el que se aducen razones de urgencia e interés general; no obstante, el Decreto impugnado no menciona ni justifica razón alguna de urgencia o de interés general que motivaran la aprobación por el Gobierno en Funciones, ni tampoco se remite al contenido del informe de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático, por lo que la propia sentencia recoge que las razones de urgencia y de interés general que contiene el mentado informe no se sostienen jurídicamente.

Cabe resaltar, que la declaración de nulidad tendrá consecuencias y afectará a la redacción de los instrumentos de planeamiento general de los municipios del litoral andaluz, así como en los ya aprobados.

Si bien, es previsible que la Junta de Andalucía recurrirá ante el Tribunal Supremo la anulación de dicho plan siendo que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, considera que hay «fundadas esperanzas» de que el recurso prospere, al tratarse exclusivamente un defecto de forma.

Adaptación parcial a la LOUA del PGOU de Marbella

El pasado 18 de septiembre de 2017 fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Marbella, adoptado el pasado 28 de abril de 2017, por el que se somete a información pública el documento de Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Marbella. El expediente estará a disposición de cualquier interesado, por plazo de dos meses, para la presentación de alegaciones que finaliza el próximo 18 de noviembre.

La Adaptación tiene como finalidad adecuar la ordenación urbanística de carácter estructural del planeamiento vigente del Municipio de Marbella (PGOU de 1986), a las disposiciones establecidas en la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), así como a las previsiones específicas recogidas en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.

Dicho acuerdo, prevé asimismo la solicitud de informes y dictámenes de organismos sectoriales que resulten preceptivos.

Por otro lado, en cuanto a la aprobación del Texto Refundido del PGOU de 1986 está prevista su aprobación en el pleno del próximo viernes 29 de septiembre, siendo que dicho texto incluye la corrección de 12 errores materiales (entre ellos la falta de grafía de la línea correspondiente a la alegación 310 sobre los límites entre Marbella y Benahavís) y estructurales. Según informaciones periodísticas dicho Texto Refundido no será sometido a exposición pública, ya que los informes técnicos y jurídicos evacuados desde que se inició determinaron «que no era legal ni conforme a derecho».

Coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad

Ante la necesidad de una mayor seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario de nuestro país, la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio, que reforma la Ley Hipotecaria y el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, ha introducido un sistema de coordinación entre ambas instituciones. Dicho sistema dispone que, utilizando como base la cartografía catastral, sea incorporada en el Registro de la Propiedad, una representación gráfica georreferenciada de la finca junto a su descripción literal.

Descarga el Documento que hemos elaborado en el que se recoge la novedad completa: Descargar «Especial mención al sistema de coordinación entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad»

Repercusión de la Ley 39/2015 en Urbanismo

La entrada en vigor de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene repercusiones en el sector urbanístico afectando, si hablamos de forma general, al cómputo de los plazos; a la administración electrónica aplicada al urbanismo; a la derogación del Reglamento de Potestad Sancionadora; a los procedimientos de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas y a la revisión de los actos en vía administrativa.

Lo ampliamos absolutamente todo en el documento que enlazamos a continuación:

Descargar documento Novedades urbanísticas tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015

Diciembre 2015

Estimados Srs,

Como complemento a las novedades en materia de Procedimiento Administrativo Común de las cuales les hemos ido informando, les facilitamos el contenido del artículo redactado por nuestro apreciado compañero y socio Federico Romero Gómez, publicado en la Revista Aranzadi-Insignis, en relación a la reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, la cual esperamos sea de utilidad.

Reciban un cordial saludo.

Bib_Reflexiones sobre la Ley 39-2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo _BIB_2015_17292